Cazados en Alabama

Por Patrick Symmes

La entrada principal está cerrada en la casa rodante marrón y crema —un puesto de avanzada de aluminio entre los pinos que cubren un extremo del parque de remolques de Birmingham, Alabama—. Sin embargo, la puerta trasera se mece en el viento invernal. Dentro hay una bolsa de frijoles, comida para mascotas y zapatos de tacón alto. Es todo. Incluso las camas han desaparecido. "Seis personas", dice un vecino, en español, tratando de recordar algo desde el anonimato de la vida inmigrante. "Hombres, mujeres y niños. La ley vino y un día no regresaron".

La ley: se refiere a H.B. 56, la propuesta de Alabama para la represión estadounidense más rigurosa contra los inmigrantes ilegales. Cuando entró en vigor, el 23 de septiembre de 2011, se interrumpieron todos los servicios para indocumentados. No más licencias de conducir, no más registro vehicular, nada de becas ni contratación sin documentos. La inscripción en las escuelas públicas de Alabama requiere de una constancia de residencia legal en Estados Unidos. Contratar, alquilar una propiedad y hasta "albergar" extranjeros indocumentados es ilegal. Con su provisión de "firma única", H.B. 56 empodera a la Policía para convertir una detención de tránsito en un proceso de deportación.

Los ilegales huyeron. Alabama publicó una baja en la matriculación escolar. Ese remolque y otros 50 del parque para 300 casas rodantes fueron evacuados en poco tiempo. Los inmigrantes vendieron sus pertenencias y corrieron a Florida o California.

Pero la represión de Alabama no ha resultado como se esperaba. Unos obreros mexicanos explican que escaparon del estado, pero decidieron regresar al mes. Uno de ellos apunta a una evidente ironía: como H.B. 56 ha ahuyentado a muchos inmigrantes, otros han descubierto que los trabajos de antaño estaban disponibles.

Aunque Alabama es el frente más reciente en la guerra del Partido Republicano contra la inmigración ilegal, la batalla dista mucho de estar ganada. Todos siguen allí, buscando rentas baratas y arduo trabajo. Lo único que ha logrado la represión es hacer que la gente se vuelva invisible. Pero hay inmigrantes por todas partes, evadiendo la represión con estrategias GPS y alertas en mensajes de texto. Sus redes familiares y la inesperada bondad de algunos extraños les brindan camuflaje.

La ley es popular y no funciona bien. Dañó a muchas empresas, y su implementación es muy costosa. Tal vez por eso la legislatura estadual comenzó a trabajar en una modificación. Pero "no será derogada", declaró el gobernador Robert J. Bentley, republicano de Tuscaloosa. Según una encuesta, el 73 por ciento de los ciudadanos de Alabama apoya la H.B. 56. Afirman que es popular a nivel nacional.

Bentley, médico que comenzó a trabajar en la capital del estado con poco más de 20 años, califica de "fracaso" la política federal que exige que Alabama entre en razón y "haga valer las constituciones estadual y federal".

Además, ningún republicano tiene mucho que ganar ofreciendo una tregua a los ilegales. En un debate de noviembre, cuando Newt Gingrich sugirió que "la política de inmigración destruye a las familias", cometió un grave error que pagó con las represalias de algunos conservadores. El año pasado, las legislaturas estaduales sopesaron 1.600 proyectos de ley contra los inmigrantes ilegales, aprobando 300 de ellos.

En Arizona y Carolina del Sur, las cortes bloquearon la mayoría de esos proyectos de ley estaduales con el argumento de que la Constitución de Estados Unidos reserva la protección de las fronteras a los federales. Entre tanto, Alabama H.B. 56 ha provocado demandas a diestra y siniestra.

El éxito de H.B. 56 ha suscitado dudas entre los ciudadanos de Alabama que podrían hasta anularla. El senador Billy Beasley comparó la ley con la segregación racial del siniestro pasado de su estado. "Sé que Jesucristo no apoyaría lo que está ocurriendo", dijo.

Además, hay que contender con una ley superior —la de oferta y demanda—. Sin importar lo que diga H.B. 56, recoger tomates en Alabama cuesta casi ocho veces más que en Baja California.

La mayor parte de los estudios estima que la inmigración ilegal impulsa la economía estadounidense. No obstante, la ganancia neta de plazas de trabajo es una abstracción comparada con los bajos salarios y el desempleo de Alabama que, antes del proyecto de ley, ascendía el nueve por ciento. Los patrocinadores de H.B. 56 se adjudicaron el crédito de una posterior caída del desempleo a 8,7 por ciento, argumentando que los trabajadores legales estaban disfrutando del trabajo de los ilegales expulsados. Pero el coste económico ha sido muy alto, como testimonian los tomates podridos en las laderas de Chandler Mountain, y la "devastación" de la agricultura y el sector de servicios, según Southern Poverty Law Center. El propio gobernador Bentley reconoce que habrá "un poco de dolor, a corto plazo".

Deepak Bhargava, director ejecutivo de Center for Community Change, afirma que Alabama tiene la culpa. Durante años, el estado "se hizo de la vista gorda" frente a la mano de obra importada y, "en esencia, hacía invitaciones para atraer mano de obra que trabajara y construyera familias. Que ahora persigan a esas mismas familias es el colmo de la hipocresía".