Como tres extraños

Por Matías Loewy

Sobre el camino de acceso que los asambleístas de Chilecito bloquean desde el 2 de enero, en rechazo a un proyecto de exploración de la Osisko Mining Corporation avalado por el gobernador Luis Beder Herrera, dos carteles grafican la irreductibilidad de las posiciones: "Famatina no se toca", reza uno; "El orgullo de ser hijos de nuestro cerro Famatina al cual queremos seguir admirando, intacto e imponente, hasta la última mirada de nuestras vidas", postula otro. El recurso mineral como el cuerpo sagrado y admirado de una madre, velado por sus vástagos ante la inquietante amenaza de los profanadores y sus cómplices.

El vigoroso movimiento en contra de la megaminería, que ha crecido en el país desde que en 2003 Esquel rechazó en plebiscito un proyecto de explotación de oro y plata, esgrime denuncias coincidentes: que los emprendimientos extractivos a gran escala tienen efectos negativos sobre la disponibilidad y calidad del agua, la biodiversidad, la salud de las poblaciones cercanas, el paisaje, el turismo y otras formas tradicionales de subsistencia de las comunidades locales. Los activistas también desconfían de la voluntad o capacidad de control de los organismos del Estado.

Las compañías del sector, en cambio, sostienen que sin minería no habría progreso y que no se conoce de casos mayores ni muertos por contaminación derivados de la actividad. "Todo proceso productivo, así como muchas cosas que hace el hombre, impacta de alguna manera en aquello que lo rodea. (…) Pero de allí al sentido de miedo y destrucción que algunos le han querido dar a la minería, hay mucha distancia y mucha mentira", sostiene la página web de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

La marcada asimetría de los actores de la controversia tiene una dimensión simbólica que alinea las simpatías y explica, en parte, el creciente disenso dentro de sectores afines al Gobierno nacional. Por un lado, están las grandes corporaciones transnacionales mineras, que mueven miles de millones de dólares y cuya imagen pública hoy no es muy distinta de la de las tabacaleras. De las 26 mayores firmas globales, 20 tienen su casa central en países desarrollados. La canadiense Osisko, por caso, está valuada en US$ 4.500 millones y durante 2012, pese al bloqueo del Famatina, la cotización de sus acciones subió un 20 por ciento en la bolsa de Toronto. Del otro lado, salen a la luz pública humildes activistas que intercambian información por Internet, arman carpetas, se transforman en "expertos" en geología o impacto ambiental, reclutan apoyo, aprenden el concepto de "licencia social" para hacerse valer y cultivan la épica de la resistencia.

Los argumentos y enfoques en ambos bandos son tan distintos, tan enfrentados, que parecen pertenecer a territorios discursivos separados. Donde los empresarios y funcionarios prometen inversiones millonarias, los opositores denuncian negociados y expoliación. Donde unos hablan de minería "sustentable", otros vaticinan daños irreparables al ambiente. Donde unos describen una oportunidad de crecimiento, otros aseguran que los únicos beneficiarios son los países industrializados. Donde unos anticipan campañas de información, otros descubren intentos perversos de "lavar el cerebro".

El economista y catedrático catalán Joan Martínez Alier, experto en historia ecológica, señala que en disputas de índole ambiental los protagonistas (empresas, gobiernos y asambleas ciudadanas) hablan lenguajes diferentes. "¿Pero quién tiene el poder de imponer lenguajes específicos de valoración?", se pregunta. "¿Quién tiene el poder de imponer el lenguaje económico como lenguaje supremo en una discusión ambiental? ¿Quién tiene la capacidad de simplificar la complejidad, descalificando otros puntos de vista?".

Cuando los interlocutores hablan idiomas distintos, la posibilidad de diálogo y acuerdo se desvanece. Lucrecia Wagner, una licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y doctora en Ciencias Sociales que estudió el movimiento de resistencia a la megaminería en Mendoza, imagina un escenario de conflictividad creciente. "Hay mucha desconfianza hacia los funcionarios y hacia el accionar de las empresas", destaca la becaria posdoctoral del CONICET. "Lo central es ver qué rol toma el Estado. Imponer una determinada actividad como única forma de desarrollo, sin tomar en cuenta alternativas más sustentables en el largo plazo, responde a una lógica bastante lineal".

Aunque se ha demostrado que los movimientos de resistencia pueden contribuir a la identidad colectiva de una comunidad, la irrupción de estos grandes proyectos y las estrategias de convencimiento o cooptación en el tiempo que llevan adelante las empresas producen también un "terremoto social", agrega Wagner. "Hay vecinos peleados, gente que deja de hablarse… Es terrible cómo quedan los pueblos, más allá de que el emprendimiento prospere o no".

La complejidad de estos conflictos, la tensión entre poder económico y principios intangibles, está retratada en la magnífica última novela de Jonathan Franzen, Libertad (Salamandra, 2011). El protagonista, Walter Berglund, un ecologista "más verde que Greenpeace", termina "transando" con una gran empresa minera que extrae carbón a cielo abierto en los Apalaches. ¿La condición? Que la compañía devuelva el suelo explotado en condiciones y cree un área protegida que evite la extinción de un ave amenazada, la reinita cerúlea. En diálogo con The Guardian, Franzen (él mismo un conservacionista) señala que muchos esfuerzos ambientales que prosperan requieren de "pactos imperfectos con la industria" y "compromisos desgarradores". Entre las filas abigarradas de la resistencia antiminera argentina, ese "momento Franzen" no parece estar cerca.